Las instituciones del Estado deben apuntar a una racionalización de los recursos, con el fin de reducir gastos, y una frontal lucha contra la corrupción que incluya sanciones ejemplarizadoras para quienes resulten responsables de irregularidades.

Esta debería ser una de las medidas para enfrentar la crisis económica que no solamente afecta al Estado sino también a la población.

El Gobierno ha anunciado impuestos para compensar la demanda de recursos para compensar los altos costos que demanda la pandemia del coronavirus; pero no habla de sus propias acciones para evitar que sean los ciudadanos los que tengan que cubrir las necesidades de un Estado sobrecargado en gastos y medianamente eficiente.

Y esto no debe darse solo en el Ejecutivo, sino en todo el aparato estatal, pues muchas instituciones han servido para llenar vacantes a conveniencia de los funcionarios de turno.

«Una crisis como esta demanda una alta cuota de restricciones del Estado”.

Los organismos de control deberían ser más proactivos y reaccionar ante cualquier indicio de irregularidades en el manejo público.
Los legisladores, que tienen a la fiscalización como una de sus funciones, también están llamados a exigir explicaciones.

Las cargas no solo pueden inclinarse del lado de los contribuyentes. Una crisis como esta demanda una alta cuota de restricciones del Estado.

Editorial de El Diario publicado este lunes 20 de septiembre del 2021 en nuestra edición impresa.