En medio del debate por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, la ciudad de Quito presentó su estrategia para fortalecer la electromovilidad. Con el Metro y 60 trolebuses eléctricos en operación, la capital busca reducir el impacto económico en los usuarios y avanzar hacia un sistema de transporte más limpio.
Quito recurre a transporte eléctrico
El Metro de Quito, inaugurado en diciembre de 2023, se ha consolidado como la obra de transporte más grande de la capital. En menos de dos años movilizó a más de 100 millones de personas, con un sistema totalmente eléctrico que evita la emisión de 90 mil toneladas de CO₂ anuales. Esa reducción equivale a retirar 20 mil autos de circulación.
El sistema de trolebuses eléctricos también refleja el cambio. Con la llegada de 60 nuevas unidades, la flota reemplazó a los buses que funcionaban con diésel. Solo esta transición permitirá un ahorro estimado de USD 350 mil anuales en combustible.
De acuerdo con la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ), el transporte es una de las principales fuentes de contaminación urbana. Con vehículos eléctricos, la ciudad reduce gases tóxicos que están relacionados con asma, bronquitis y problemas cardíacos.
Tarifas diferenciadas sin cambios
El debate nacional por el retiro del subsidio al diésel levantó temores sobre un alza en los pasajes urbanos. Sin embargo, Quito mantiene su esquema de tarifas diferenciadas: USD 0,35 en el transporte convencional y USD 0,45 en el eléctrico.
La ordenanza que regula los valores fue aprobada en administraciones anteriores y, según el municipio, seguirá vigente. Esto significa que los usuarios del Metro y del Trole eléctrico no enfrentarán incrementos inmediatos.
La capital apunta a que la transición hacia la electromovilidad sea sostenible sin que implique un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos.
Subsidio visto como política social
El subsidio al diésel ha sido un tema de discusión en todo el país. Para Quito, debe considerarse como una política social que impacta directamente en los sectores más vulnerables. Familias de bajos ingresos destinan hasta un 65% de su presupuesto a transporte y alimentación, por lo que la medida representa un desafío.
Especialistas advierten que, en lugar de prolongar el subsidio de manera general, sería más efectivo invertir esos recursos en la modernización del transporte público con buses eléctricos. Esto permitiría reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire en las ciudades.
La transición, sin embargo, exige que el Gobierno refuerce la producción de electricidad limpia para garantizar que la electromovilidad sea realmente sostenible y pueda expandirse más allá de la capital.
