La gestión de la movilidad en la capital ecuatoriana enfrenta un nuevo capítulo de escrutinio público tras la emisión de un informe por parte de la Contraloría General del Estado. El organismo de control ha puesto bajo la lupa el proceso contractual llevado a cabo para la modernización del sistema de transporte público, detectando inconsistencias financieras significativas. Según el examen especial realizado, se ha determinado una responsabilidad civil culposa que asciende a USD 2,55 millones, monto que representa un presunto perjuicio económico para las arcas municipales. Este hallazgo se centra específicamente en la gestión liderada por Pabel Muñoz y compra de trolebuses , un proyecto emblemático que buscaba renovar la flota con unidades eléctricas, pero que ahora se ve empañado por cuestionamientos sobre la justificación de sus costos operativos y administrativos.
Además de la glosa millonaria, el ente de control ha establecido responsabilidades administrativas que suman aproximadamente USD 79.970. Estas sanciones apuntan directamente a la falta de documentación soporte que avale los desembolsos realizados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad que actuó como intermediaria en la transacción. El informe detalla que los pagos por costos operativos carecían de los justificativos necesarios en el proyecto de inversión, una omisión técnica que ha derivado en estas observaciones legales. La transparencia en el manejo de los recursos públicos se convierte así en el eje central de este debate, donde la ciudadanía exige claridad sobre el destino de cada dólar invertido en la mejora del servicio de transporte.
Detalles técnicos y la defensa institucional
Uno de los puntos más críticos revelados por la auditoría es el incumplimiento de las especificaciones técnicas en las unidades adquiridas. De acuerdo con el documento oficial, los vehículos entregados no cumplían con 15 de las 80 características técnicas que se habían establecido obligatoriamente en el contrato original. Estas falencias incluyen aspectos relacionados con la seguridad de los pasajeros y el diseño operacional de las unidades, lo que plantea interrogantes sobre la calidad final del producto recibido frente a la inversión realizada. La seguridad de los usuarios del sistema de transporte municipal no puede verse comprometida por desajustes en la ejecución contractual, lo que agrava la naturaleza de los hallazgos presentados por los auditores gubernamentales.
Frente a estos señalamientos, la defensa del burgomaestre y su administración se mantiene firme, argumentando que el rol de la UNOPS fue estrictamente de asistencia técnica y gestión, y que el financiamiento provino en un 99% de fondos municipales. El alcalde ha sostenido que la operación buscaba agilizar procesos y garantizar estándares internacionales, rechazando las imputaciones de perjuicio. Sin embargo, la Contraloría mantiene que los cálculos para los pagos operativos no fueron debidamente sustentados. Este cruce de argumentos perfila un escenario de disputa legal y administrativa que podría tener repercusiones en la planificación futura de la movilidad en la ciudad, mientras los organismos de control continúan con los procesos de notificación y descargo correspondientes.
Implicaciones políticas y el futuro del proyecto propuesto por Pabel Muñoz
El informe de Contraloría no solo se limita a las sanciones económicas, sino que también menciona indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía General del Estado para su respectiva investigación. Esto eleva el tono del conflicto, trasladándolo del ámbito administrativo al judicial. La administración de Pabel Muñoz y compra de trolebuses queda así expuesta a un proceso que podría dilatar la ejecución de nuevas fases del plan de movilidad sostenible. La judicialización de la política pública de transporte genera incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos de electrificación de la flota, que son vitales para reducir la contaminación ambiental en la urbe.
A pesar de la controversia, las unidades adquiridas ya se encuentran en operación, prestando servicio a miles de quiteños diariamente. El reto ahora para el Municipio es subsanar las observaciones administrativas mientras enfrenta la defensa legal de sus funcionarios. La ciudadanía , por su parte, se mantiene expectante ante los resultados de estas investigaciones, esperando que las disputas burocráticas no afecten la calidad del servicio. La eficiencia en el gasto público es una demanda constante, y este caso se convierte en un precedente importante sobre cómo deben manejarse las alianzas con organismos internacionales para la ejecución de obra pública en el país.
