Un abuelo identificado como Pedro Oswaldo M. fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión en Quito, Ecuador, el 3 de octubre de 2025, por explotar sexualmente a su nieto menor de edad con discapacidad mental leve. La denuncia, impulsada por la madre de la víctima, llevó a la Fiscalía a investigar los hechos ocurridos en 2016.
En junio de 2016 , Pedro Oswaldo M., de edad avanzada , se recuperaba de un accidente de tránsito en la casa de su hija en Quito. Durante este tiempo, según la Fiscalía General del Estado , el hombre permitió que su amigo, Wilson H. , agrediera sexualmente a su nieto, un menor con discapacidad mental leve. El abuelo no solo observó, sino que también participó en el acto.
El delito se repitió en noviembre de 2016 en una licorería ubicada en la avenida Napo , al sur de Quito, propiedad de Wilson H. Según la Fiscalía, ambos adultos trasladaron al menor a un centro nocturno, donde lo ofrecían por $2 o $3 a terceros.
La madre del menor, al sospechar de los abusos, presentó la denuncia que desencadenó la investigación. Peritos psicológicos confirmaron las agresiones, mientras que un examen proctológico practicado por un médico legista reveló huellas compatibles con el delito sexual. Además, un perito psicólogo explicó que el agresor manipuló al menor, generándole sentimientos de culpa y amenazándolo con prisión si hablaba.
En la audiencia de juicio, el juez dictó una sentencia de 21 años y cuatro meses de prisión para Pedro Oswaldo M., junto con una multa de 300 salarios básicos y la obligación de costear tratamientos psicológicos y psiquiátricos para la víctima. Wilson H., cómplice en los hechos, permanece prófugo y es buscado por las autoridades.
El delito de prostitución forzosa, tipificado en el artículo 101 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) , establece penas de 13 a 16 años de prisión , con agravantes si el agresor tiene una relación directa con la víctima, como en este caso.
La explotación sexual de menores es un delito grave en Ecuador, y la Fiscalía ha intensificado esfuerzos para procesar estos casos, especialmente cuando involucran a víctimas vulnerables como menores con discapacidad. Este caso resalta la importancia de la denuncia familiar y el trabajo pericial para garantizar justicia.
