El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional una propuesta de reforma constitucional para implementar la castración química a personas condenadas por el delito de violación. Esta iniciativa busca endurecer las sanciones contra agresores sexuales y responde a la alta reincidencia en delitos sexuales en el país. La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió la medida como una respuesta necesaria y proporcional para proteger a la niñez y adolescencia ecuatoriana.
La reforma plantea modificar el artículo 393 de la Constitución para que la Asamblea Nacional pueda, mediante ley, aplicar la castración química a quienes tengan sentencia ejecutoriada por violación. Además, contempla la creación de un registro confidencial de ofensores sexuales con el fin de prevenir su participación en actividades relacionadas con menores de edad.
El documento ya fue entregado a la Corte Constitucional para que emita el dictamen previo obligatorio sobre la vía de tramitación.
Procedimiento para aprobar la reforma y contexto legal
El proceso para aprobar esta reforma incluye la evaluación de la Corte Constitucional, que debe declarar admisible la propuesta antes de enviarla a la Asamblea Nacional. Posteriormente, la reforma deberá ser aprobada en dos debates legislativos y, finalmente, ratificada mediante un referéndum ciudadano, según el artículo 442 de la Constitución ecuatoriana.
El Gobierno de Ecuador fundamenta la iniciativa en datos alarmantes. Entre agosto de 2014 y mayo de 2025, se registraron más de 71.000 procesos judiciales por delitos sexuales, de los cuales el 22% afectaron a menores de edad. Además, seis de cada diez víctimas de violación en Ecuador son niñas, niños o adolescentes.
¿A quién se aplicará la castración química?
Carolina Jaramillo aclaró que la castración química se aplicará sin distinción a cualquier persona con sentencia ejecutoriada por violación, sin importar su posición social o política. El registro de ofensores será confidencial y no tendrá efectos punitivos adicionales, sino que solo podrá ser consultado para impedir que los condenados trabajen en actividades que impliquen contacto directo con menores.
El Ejecutivo también destacó que la reforma no tendrá carácter retroactivo y respetará los derechos fundamentales, aplicándose únicamente a sentencias firmes. La medida busca reforzar el deber del Estado de garantizar la protección integral de la niñez sin alterar el régimen de derechos vigente.
Precedentes internacionales y debate ético
El Gobierno ecuatoriano citó ejemplos de países que han implementado medidas similares. Chile y Colombia cuentan con registros de inhabilidades para condenados por delitos sexuales, mientras que Estados Unidos, Polonia, Rusia, Corea del Sur e Indonesia han aplicado la castración química como mecanismo preventivo para agresores reincidentes. En estos países, la medida se regula bajo principios de proporcionalidad, legalidad, confidencialidad y rehabilitación.
La propuesta de Daniel Noboa forma parte de un discurso más amplio de “mano dura” frente a delitos de alto impacto. Desde el Ejecutivo, se sostiene que esta es una respuesta técnica ante la impunidad y la revictimización constante de menores en Ecuador. Sin embargo, la reforma deberá superar no solo el filtro constitucional, sino también el debate político y ético en la Asamblea Nacional y la ciudadanía.
Posibles escenarios futuros
Actualmente, la reforma se tramita por la vía legislativa, aunque el Gobierno nacional evalúa incluirla en un paquete de preguntas para una nueva consulta popular. Esta abordaría temas de seguridad jurídica y productividad. La vocera indicó que se estudian entre seis y ocho preguntas para un referéndum futuro, pero por ahora la castración química sigue su curso legislativo independiente.
El presidente Noboa ha enfatizado que esta iniciativa demostrará quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger a los abusadores. La propuesta se anunció en un contexto sensible, pocos días después de la denuncia por la presunta violación de una niña de 12 años vinculada a un asambleísta, lo que ha generado mayor atención pública y política.
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