Más de 150 pescadores ecuatorianos, en su mayoría de Jaramijó y zonas costeras de Manabí, se encuentran detenidos en El Salvador y otros países centroamericanos desde 2017. Ellos están acusados de participar en operativos de narcotráfico en altamar. Las familias, agrupadas en colectivos ciudadanos, denuncian falta de asistencia diplomática y exigen repatriación o asistencia legal.
Familias reclaman atención del Estado ecuatoriano
Elena Vélez, es presidenta del colectivo Mujeres de los Pescadores Presos en el Extranjero. Ella representa a decenas de madres y esposas de pescadores que fueron arrestados durante operaciones antidrogas ejecutadas por fuerzas navales centroamericanas y estadounidenses.
“Estamos sin cónsul en El Salvador y nuestros familiares no tienen comunicación con Ecuador”, aseguró Vélez, en entrevista reciente. Ella misma tiene un hijo sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión en Estados Unidos por transporte de droga en altamar, tras ser capturado en 2017.
La situación ha empeorado desde que varias sedes consulares permanecen vacantes. “Solo una compatriota ecuatoriana y su familia nos ayudan con las cartas en la cárcel”, lamenta la dirigente. La mayoría de estos pescadores están recluidos en la prisión de mediana seguridad de Santa Ana, en El Salvador.
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Cifras preocupantes y rutas del narcotráfico marítimo
El último caso registrado involucra al jaramijense Cristian Byron Mero Mero. Él ya fue llamado a juicio por transportar más de una tonelada de cocaína en aguas salvadoreñas. Según la Fiscalía de El Salvador, fue interceptado el 11 de mayo de 2024 junto a Junior Mero Bravo, quien falleció durante un intercambio de disparos con autoridades.
Durante la inspección, los 1.400 paquetes incautados dieron positivo a cocaína, con un peso total de 1.400 kilos, valorados en 35 millones de dólares en el mercado ilegal. La embarcación fue detectada en altamar y trasladada a tierra firme por la Fuerza Naval salvadoreña.
Según la organización, los pescadores suelen ser utilizados como transporte humano por estructuras criminales internacionales, que los convencen con pagos que no siempre se concretan.
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Cambio de políticas y recientes acuerdos bilaterales
Hasta hace poco, las personas detenidas en altamar por fuerzas estadounidenses eran trasladadas a Panamá, Cuba y luego Estados Unidos. No había notificación a Ecuador ni apoyo legal para los acusados. Sin embargo, un reciente acuerdo entre gobienros permite que los guardacostas estadounidenses entreguen directamente a los detenidos a Ecuador.
Este cambio ha sido celebrado por las familias de los detenidos. Aquello facilita la defensa legal y reduce el tiempo de incomunicación. Aun así, muchos de los arrestados en años anteriores permanecen lejos, sin posibilidades de repatriación o reducción de penas.
“Hay presos a los que les han rebajado dos años por buena conducta, pero no es general”, comentó Vélez. En países como El Salvador, los sentenciados deben cumplir íntegramente sus condenas. En este país, no hay opción de ser trasladados a su país de origen.
Cárceles salvadoreñas: mejoras en infraestructura, pero sin comunicación
Según testimonios recogidos por la organización, las condiciones en las cárceles de El Salvador, han mejorado en los últimos años. En 2023, un equipo periodístico documentó los avances en infraestructura, higiene y atención médica en centros como Santa Ana.
En la cárceles de El Salvador, los reos son incomunicados. Están sin acceso a teléfonos o videollamadas. la dirigente mnifestó que pueden allí recibir cartas que son leídas por otras personas y que luego son destruidas. Las familias deben enviar dinero desde Ecuador para que los presos puedan adquirir productos básicos dentro del penal.
Otro problema es la ausencia de consulados activos. Las familias esperan que el nuevo gobierno ecuatoriano designe de inmediato representantes diplomáticos para asistir a los más de 150 ecuatorianos encarcelados en Centroamérica, muchos de ellos sin sentencia firme ni asistencia jurídica.
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