Desde hace más de un año, habitantes de las ciudadelas Fabián Palacios, Las Orquídeas, El Llano y Condado Oeste en Portoviejo han denunciado la ocupación irregular de terrenos en las zonas altas y áreas posteriores al colegio Olmedo. El Municipio de Portoviejo ha realizado inspecciones técnicas y remitido informes a la Gobernación de Manabí para frenar asentamientos informales; sin embargo, la Intendencia General de Policía confirmó que, hasta la fecha, no existen denuncias formales presentadas por los propietarios de los predios, requisito indispensable para ejecutar desalojos legales.
La situación de los terrenos en las colinas circundantes a varios sectores residenciales de Portoviejo mantiene en vilo a los moradores. Durante un recorrido visual por las zonas señaladas, se observa que los predios han sido limpiados de maleza y presentan estructuras básicas, como covachas de caña, dispuestas bajo un orden similar al de una lotización. A pesar de este escenario, la actividad de construcción parece haberse detenido, según los últimos reportes de control territorial.
El Municipio de Portoviejo, a través de su Dirección de Control Territorial, ha activado protocolos administrativos para monitorear el uso del suelo. No obstante, existe una delimitación clara en las facultades legales de los organismos públicos. Mientras el gobierno local supervisa el cumplimiento de las ordenanzas de edificación, el uso de la fuerza pública para la recuperación de terrenos es una competencia exclusiva de la Intendencia General de Policía, bajo los lineamientos del Ministerio del Interior.
Competencias y falta de procesos formales
La intendente de Policía de Manabí, Helen Alcívar, fue enfática al señalar que en su dependencia no existe ningún proceso abierto relacionado con estos sectores específicos. Durante su gestión de seis meses, se han tramitado diversas solicitudes de desalojo en la provincia, pero ninguna corresponde a los predios de las colinas de las ciudadelas mencionadas. La funcionaria aclaró que no hay expedientes ni en Portoviejo ni en las instancias superiores en Quito sobre estos casos.
Para que la autoridad pueda intervenir, el marco legal ecuatoriano exige que el denunciante demuestre la titularidad del bien. Los requisitos incluyen escrituras debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, copias de cédula y la petición formal. Una vez que la Intendencia valida la documentación, se delega a un comisario jurisdiccional para realizar una inspección técnica con el apoyo de la Policía Nacional. El informe resultante se envía a la capital para el análisis de inteligencia y la autorización final del operativo.
Inspecciones en Condado Oeste y El Llano
Por otro lado, Santiago Fonseca, director municipal de Control Territorial, informó que los expedientes administrativos levantados por el Municipio ya fueron entregados a la Gobernación de Manabí. La intención de este traspaso de información es que la autoridad política determine las acciones legales pertinentes en el marco de sus atribuciones. Fonseca destacó que, en las inspecciones más recientes realizadas en el sector de Condado Oeste, no se detectó a personas realizando nuevas construcciones.
El director subrayó que el Municipio no tiene facultad para desalojar predios privados. En estos escenarios, el peso de la acción legal recae sobre los dueños legítimos, quienes deben acudir a la Fiscalía o a la Intendencia para reportar el delito de invasión o la ocupación no consentida. La falta de estas denuncias particulares impide que la fuerza pública actúe, a pesar de que la configuración de las covachas sugiera un intento de asentamiento organizado.
Contexto de los asentamientos informales
El fenómeno de la ocupación de tierras en las colinas de Portoviejo no es nuevo, pero la persistencia de estructuras de caña en zonas de riesgo o áreas de protección genera preocupación por el ordenamiento urbano y la seguridad. Las autoridades locales insisten en que la vigilancia ciudadana es clave, pero la resolución definitiva de estos conflictos depende estrictamente del cumplimiento de los pasos procesales por parte de los afectados directos.
Actualmente, las zonas señaladas permanecen bajo monitoreo preventivo. La coordinación entre el Municipio, la Gobernación y la Policía Nacional busca evitar que estos espacios se conviertan en asentamientos consolidados sin servicios básicos, lo cual podría derivar en problemas sociales y ambientales a largo plazo para la capital manabita.
