Propietarios de vehículos y dirigentes de transporte en Portoviejo denuncian una afectación económica sistemática debido a la falta de entrega de placas metálicas definitivas por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Según el dirigente del taxismo local, Nery Macías, la problemática persiste desde hace varios años, obligando a los usuarios a recurrir a la Resolución 020 de la ANT, la cual impone el pago de placas provisionales con especificaciones técnicas a las entidades municipales de matriculación. El retraso, que en algunos casos supera la década, ha derivado en un cobro doble por un servicio que el Estado no cumple con eficiencia.
El impacto económico del retraso administrativo
Para ciudadanos como Jorge Solórzano, quien circula en motocicleta, la espera por el distintivo oficial suma ya cuatro años. En este lapso, Solórzano ha tenido que cambiar más de 10 veces las placas provisionales, debido a la caducidad periódica de los documentos de papel. El usuario señala que, ante el vencimiento de su permiso actual a finales de este mes, deberá realizar un nuevo desembolso de aproximadamente 6 dólares, cuestionando la obligatoriedad de pagar por un insumo que ya fue cancelado en el trámite original de matriculación.
Esta situación no es aislada. En el caso de los vehículos gestionados a través de la empresa pública Portovial, los usuarios deben pagar 8 dólares más 59 centavos de comisión bancaria (USD 8,59) por las placas provisionales que cumplen con el nuevo modelo establecido. Nery Macías enfatiza que este valor constituye un "golpe directo al bolsillo", especialmente cuando se realizan trámites de cambio de servicio de particular a comercial, donde el usuario termina pagando dos veces por el mismo distintivo.
La frustración de los conductores se fundamenta en que los pagos históricos a la ANT por las placas definitivas se han realizado puntualmente; sin embargo, las especies metálicas no llegan a los centros de matriculación. La falta de un cronograma claro de entrega ha generado un ciclo de pagos por permisos temporales que, en la práctica, suplen una inoperancia estatal prolongada.
Marco legal y limitaciones de la Resolución 020
El marco jurídico que rige esta problemática se encuentra en la Resolución 020 de la ANT. Dicha norma obliga a las entidades de matriculación a dejar sin efecto las antiguas placas de papel y sustituirlas por un nuevo modelo con materiales específicos. No obstante, el artículo 143 de esta resolución establece una restricción crítica: las placas provisionales pueden renovarse por una sola vez, tras lo cual deberían ser reemplazadas por las metálicas.
El vacío legal reside en que el documento no determina un tiempo específico para que la ANT cumpla con la entrega de las placas originales. Esta omisión deja a los usuarios en una vulnerabilidad jurídica y operativa, pues la normativa les exige un distintivo definitivo que la autoridad nacional no provee. La dirigencia del taxismo ha señalado que existen reportes de que empresas privadas encargadas de la fabricación no liberan los lotes debido a que la ANT no realiza los pagos correspondientes.
Ante este escenario, se ha elevado un pedido formal al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional para iniciar procesos de fiscalización. El objetivo es determinar el destino de los recursos que los usuarios viales han pagado durante años y que, teóricamente, deberían financiar la producción masiva de las especies metálicas que hoy escasean en todo el país.
Propuestas para la descentralización del servicio
La crisis de insumos ha llevado a plantear soluciones estructurales, como la delegación de competencias. Macías sugiere que, si la Agencia Nacional de Tránsito no cuenta con la capacidad operativa para cumplir con la demanda, la facultad de fabricar, asignar y entregar las placas debería ser transferida a los gobiernos autónomos descentralizados (municipios). Esto permitiría una gestión local más ágil y evitaría el peregrinaje de los ciudadanos por permisos provisionales.
El problema de las placas metálicas no es reciente; existen registros de dueños de vehículos que tienen hasta 10 años esperando la entrega de sus distintivos oficiales. Mientras la competencia se mantenga centralizada y los pagos a proveedores externos sigan suspendidos o retrasados, el costo de la ineficiencia administrativa seguirá siendo trasladado al usuario final a través de tasas por servicios temporales.
La comunidad vial de Portoviejo espera una respuesta técnica del Ministerio de Transporte y de las autoridades de control para detener lo que consideran un cobro indebido por la renovación constante de documentos provisionales que deberían ser, por definición, una excepción y no la regla general durante años. El cobro de las placas provisionales rige desde enero de este año.
