El Municipio de Portoviejo, a través de la Ordenanza que regula el uso del suelo, establece parámetros técnicos obligatorios para todas las nuevas edificaciones con el fin de garantizar un crecimiento ordenado. Según informó Johan Pérez, director de Gestión Urbanística y Catastro, las construcciones deben respetar retiros específicos de tres metros frontales y un metro lateral y posterior. Esta normativa se aplica rigurosamente durante la aprobación de planos y la posterior fiscalización en territorio para evitar la invasión del espacio público y asegurar la movilidad ciudadana.
"La planificación urbana y el respeto a las líneas de fábrica son aspectos fundamentales para el crecimiento ordenado de la ciudad".
Johan Pérez, director municipal de Gestión Urbanística y Catastro
Normativa técnica y retiros obligatorios
De acuerdo con las disposiciones vigentes en el cantón, toda nueva infraestructura debe cumplir con una matriz de implantación que asegure la ventilación, iluminación y el respeto al espacio común. Las normas establecen específicamente tres metros de retiro frontal, un metro de retiro lateral y un metro de retiro posterior. Estos parámetros son de aplicación general, especialmente en sectores que aún no presentan una consolidación urbana definida, funcionando como un mecanismo preventivo ante el crecimiento de la ciudad.
El proceso de validación inicia en la Dirección de Gestión Urbanística, donde los técnicos municipales verifican que los diseños arquitectónicos se ajusten a la ordenanza antes de emitir los permisos de construcción. Esta fase es crucial para determinar la línea de fábrica, que es el límite que separa la propiedad privada del espacio público (aceras y calzadas).
Sin embargo, a pesar de la existencia de estas reglas, el panorama en varios puntos de la ciudad muestra una realidad distinta. En un recorrido realizado, se constató que diversos propietarios han extendido sus estructuras más allá de los límites permitidos, ocupando áreas destinadas originalmente al tránsito peatonal o al retiro ornamental.
Sectores con mayores infracciones detectadas
La problemática de la ocupación indebida es visible en puntos estratégicos de Portoviejo. En el tramo que conecta la calle Jipijapa con la avenida 5 de Junio, cerca del puente Papagayo, se han identificado al menos dos edificaciones que construyeron áreas de parqueo sobre el espacio entre la línea de fábrica y la calzada. En la misma zona, un local comercial levantó una estructura de madera fuera de los límites legales, acciones que, según denuncias ciudadanas, son de reciente ejecución.
Situaciones similares se replican en la calle Córdoba, entre Pedro Gual y Alajuela. En este punto, una vivienda y una estructura metálica infringen la normativa. Testigos del sector indican que, aunque algunas casas son antiguas, cerramientos metálicos nuevos aparecieron cerca del año 2020, tras la etapa de reconstrucción posterior al terremoto.
El desorden urbano también alcanza a instituciones educativas y zonas de alta plusvalía. En la avenida Reales Tamarindos, un extenso tramo de vereda se encuentra obstruido por rampas que dificultan la circulación de peatones. Incluso la escuela Franklin Delano Roosevelt mantiene un cerramiento de concreto en el espacio comprendido entre la vereda y la línea de fábrica, sumándose a la lista de infractores en sectores como la avenida Urbina, avenida Manabí, calle Teodoro Wolf y Atanasio Santos.
Control, supervisión y régimen sancionador
Una vez que los planos son aprobados, la responsabilidad de supervisar el proceso constructivo recae sobre la empresa pública Portovivienda. Esta entidad tiene la potestad de realizar tres inspecciones obligatorias: la primera durante la cimentación, la segunda en la etapa intermedia de ejecución y una inspección final. Solo tras cumplir con estos controles se otorga el certificado de habitabilidad, documento indispensable para el registro catastral y otros trámites legales de la propiedad.
En cuanto a las sanciones, el Artículo 65 de la ordenanza vigente es estricto. Las multas por ocupar el espacio público sin permiso, en zonas no planificadas o con estructuras no autorizadas, oscilan entre el 10% de un Salario Básico Unificado (SBU) y hasta 5 SBU ($2,300 USD al valor actual del salario en 2026), dependiendo de la gravedad. Además, si una obra es paralizada y persiste en la ocupación ilegal por más de 30 días, el infractor deberá pagar el doble de la tarifa original establecida para el permiso de ocupación.
A pesar de la claridad de la norma, el control efectivo de la ocupación del espacio público corresponde a la Dirección de Control Territorial. Este medio intentó obtener declaraciones de su director, Santiago Fonseca, para conocer el número de procesos sancionatorios en curso, pero se informó que no contaba con autorización para emitir entrevistas.
