Las 487 familias que habitan en las cuatro zonas con riesgo inminente de deslizamiento ya tendrían un destino para su reubicación.
Tras varias reuniones y en medio de decenas de emergencias provocadas por el fuerte temporal invernal, finalmente parece haber una luz al final del túnel. La búsqueda de este espacio arrancó hace casi tres semanas, luego del deslizamiento que acabó con las vidas de Williams Vinces, su esposa y sus dos pequeñas hijas.
La tragedia, ocurrida en la parte alta de la ciudadela Fátima, desencadenó en la declaratoria de alerta naranja para esta zona y la disposición de reubicación inmediata. Roberto Briones, director municipal de Riesgos, recordó que sólo en el sector de la desgracia se contabilizaron 221 familias para su salida. A estas se suman otras 257 asentadas también en zonas de alto riesgo, como la calle Che Guevara, el sector Subidita al Cielo y la ciudadela El Florón.
Maribel Sánchez es una de las personas que figuran en la lista. Su casa está a pocos metros de donde la familia Vinces Marcillo murió sepultada por un deslizamiento de tierra. Ella asegura que está dispuesta a salir del lugar, pues teme que los árboles que están en la parte alta de la colina caigan sobre su techo. “Da miedo estar aquí. Incluso, algunos vecinos ya se fueron”, contó.
Los terrenos son privados y están en una zona urbana de Portoviejo
Según Briones, el espacio para la reubicación supera las diez hectáreas y sería suficiente para las viviendas que se necesitan. Como parte del proceso, agregó que ya se entregaron las fichas informativas de cada familia para así dar paso a la evaluación y registro por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).
Édgar Perero, coordinador zonal del Miduvi, recordó que, inicialmente, Inmobiliar propuso un terreno de 10,6 hectáreas en la vía a Manta. Sin embargo, su evaluación reveló riesgos medianos por quebradas, además de requerir una inversión considerable para su adecuación. Ante esto, señaló que el Municipio de Portoviejo identificó tres terrenos privados en la parroquia Picoazá, sumando un área similar a la propuesta inicial.
“Tendrán que pasar por una fase de expropiación, pero eso no impide que avancemos, simultáneamente, con la evaluación y calificación”, explicó Perero. Sobre el tiempo que tomará este proceso y la fecha estimada para el inicio de los trabajos, el funcionario no dio mayores detalles. Lo que sí especificó es que se trabaja en la revisión de cada caso la entrega de bonos de arriendo equivalentes a 1,5 salarios básicos divididos en tres meses ($ 235 aproximadamente).
Yuliana Marín
