La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional recibió los criterios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) el miércoles 26 de junio de 2024, en Quito, para fortalecer los proyectos de Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, y el que Garantiza el Derecho de Consulta Ambiental, buscando asegurar los derechos de los pueblos y comunidades.
Aportes desde la academia
René Gálvez, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, enfatizó que la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y comunidades. Este derecho les permite decidir sobre medidas administrativas que podrían impactar su identidad y participación. Gálvez distinguió este mecanismo de la consulta ambiental.
Explicó que la consulta debe ser adecuada. Debe incorporar principios como la buena fe y la búsqueda de acuerdos. También es clave el respeto a la interculturalidad. La participación libre, activa y efectiva de los pueblos consultados es fundamental. Además, la consulta se realiza antes de cualquier medida administrativa. Se lleva a cabo en la lengua del pueblo involucrado.
Preocupaciones legislativas
La asambleísta María Íñiguez expresó su inquietud. Temía que la ley de consulta previa pudiera omitir ciertas actividades. Actividades no consideradas extractivas quedarían fuera del proceso. Esto podría vulnerar derechos colectivos.
El asambleísta Héctor Valladares señaló el impacto de esta ley. Dijo que “tendrá un impacto monumental en la realidad de nuestros pueblos”. Espera que resuelva los problemas de Zamora Chinchipe. Esta provincia ha sido afectada por fenómenos climáticos. Valladares anticipó que fiscalizará el trabajo legislativo en esta materia.
Avances en los proyectos de ley
Respecto al proyecto de Ley que Garantiza el Derecho de Consulta Ambiental, David Veloz, asesor de la Comisión, informó sobre el progreso. Se han elaborado matrices de ambos proyectos. Estas matrices ya están en conocimiento de los legisladores.
Veloz añadió que han avanzado en seis mesas de trabajo. Recientemente, contaron con la asesoría de la Unidad Técnica Legislativa. Esto fue para realizar ajustes a los articulados. Al finalizar la jornada, la vicepresidenta de la comisión, María Íñiguez, clausuró la sesión.
