Un tribunal de Quito sentenció a una pareja por producir y comercializar pornografía infantil, y ordenó multas y reparaciones.
Un tribunal de Quito sentenció a María Alexandra B. y Diego Fernando D. a 26 y 13 años de prisión, respectivamente, por producir y comercializar pornografía infantil. Los sentenciados fueron detenidos en junio de 2024, tras un allanamiento que rescató a dos menores víctimas.
Condena por explotación de menores
Tras un allanamiento realizado el 6 de junio de 2024 en un inmueble del cantón Mejía, la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti No. 5) rescató a una niña de 10 años y una adolescente de 14 años. Las menores eran forzadas por su madre, María Alexandra B., y su padrastro, Diego Fernando D., a participar en la producción de contenido sexual.
El Tribunal Penal sentenció a María Alexandra B. a 26 años de prisión por producción de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes (NNA). Diego Fernando D. recibió una pena de 13 años por comercialización de este material. Además, se impusieron multas de 800 salarios básicos unificados (SBU) a la madre y 70 SBU al padrastro.
Como parte de la reparación integral a las víctimas, ambos deberán pagar USD 10.000 para resarcir el daño causado a las menores.
Pruebas clave en el juicio por pornografía infantil
Durante la audiencia, la Fiscal presentó pruebas determinantes. El testimonio de la hermana mayor de las víctimas fue crucial, ya que denunció los hechos tras haber sufrido conductas similares por parte de su madre en el pasado. La Fiscalía también incluyó una pericia psicológica y de entorno social realizada a las menores, que evidenció el impacto del abuso.
Una pericia antropológica permitió confirmar las edades de la niña y la adolescente que aparecían en el material de abuso sexual infantil. Estas pruebas sustentaron la acusación y llevaron a la condena de los responsables.
El caso fue procesado por la unidad especializada de la Fiscalía, garantizando un enfoque en la protección de las víctimas y la persecución del delito.
Contexto: Lucha contra la explotación y pornografía infantil
La explotación sexual infantil es un delito grave en Ecuador, castigado con penas de hasta 26 años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En 2024, la Fiscalía General del Estado registró 1.200 casos relacionados con delitos sexuales contra menores, de los cuales el 10% involucró pornografía infantil. Quito y Guayaquil concentran la mayoría de estas denuncias.
El rescate de las menores en Mejía destaca la importancia de la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional para desmantelar redes de explotación. Las víctimas reciben atención psicológica y social para su recuperación, según protocolos establecidos por el Estado.
Medidas de reparación y protección
El fallo del tribunal incluye medidas de reparación integral, como el pago de USD 10.000 a las víctimas, destinado a cubrir necesidades inmediatas y apoyar su reintegración. Las menores rescatadas fueron puestas bajo protección estatal, garantizando su seguridad y acceso a servicios especializados.
La Fiscalía continúa investigando posibles conexiones de los sentenciados con redes de distribución de material ilícito, aunque no se han revelado avances en esta línea. El caso refuerza la necesidad de campañas de prevención y denuncia para combatir la explotación infantil en el país.
