Es necesario que la ciudadanía impulse la creación de una veeduría ciudadana para vigilar la administración de la vía Portoviejo-Montecristi, hoy a cargo del Gobierno Provincial. La necesidad de un control independiente se refuerza ante las dudas sobre el uso eficiente de los recursos recaudados a través del peaje y el evidente crecimiento del gasto administrativo de la empresa pública Manabí Vial.

La vía fue concesionada originalmente a un operador privado, como ocurre con la mayoría de carreteras con peaje en Ecuador. Sin embargo, terminó en manos de una empresa pública, lo que exige aún más transparencia. La experiencia demuestra que muchas de estas entidades terminan convertidas en plataformas de empleo político, con plantillas abultadas y bajo rendimiento técnico.

El problema se agrava ante la falta de fiscalización. Aunque los alcaldes están llamados a ejercer ese rol como miembros del Consejo Provincial, mantienen silencio. La ausencia de control político deja sin contrapeso real a las decisiones de la Prefectura.

Una veeduría ciudadana puede ayudar a revisar si la gestión de la vía responde al interés colectivo, y si los recursos se están destinando a mantenimiento, mejoras y seguridad, y no al crecimiento innecesario de una nómina. También puede evaluar la conveniencia del modelo actual de gestión. Por ello es necesaria.