Una parte considerable de la economía ecuatoriana —aproximadamente el 25 %— está en manos del Estado, bajo la forma de actividad directa y monopolios. Esta realidad, lejos de dinamizar el desarrollo, limita el crecimiento y reduce los incentivos para la inversión privada.
La concentración de sectores estratégicos bajo administración estatal ha creado rigidez en el mercado y un entorno poco competitivo. Las barreras burocráticas, los privilegios institucionales, la centralización de competencias y la falta de apertura desalientan la participación de nuevos actores económicos.
Lo peor es que muchas de las empresas públicas son ineficientes, pero las barreras de entrada impiden la competencia que puede beneficiar a los usuarios.
Mientras se mantenga esta estructura, con la figura del Estado empresario, el país continuará atrapado en un modelo que no genera suficiente empleo, ni mejora la productividad ni fomenta la innovación. Los resultados son evidentes: baja inversión y limitado desarrollo.
Ecuador necesita abrir espacios para la participación privada, eliminar trabas regulatorias y fomentar alianzas público-privadas que aporten capital, tecnología y eficiencia.
El rol del Estado debe enfocarse en regular, no en producir. Es indispensable liberar las fuerzas productivas para reactivar la economía y generar oportunidades sostenibles.
