La decisión del Gobierno de deportar a extranjeros que cumplen penas en Ecuador es acertada porque permite descongestionar las cárceles; sin embargo, se requieren controles fronterizos eficaces para que tenga un verdadero efecto disuasivo y no se convierta en un esfuerzo inútil.
El país tiene fronteras permeables, con pasos irregulares conocidos por la propia fuerza pública. A través de estas rutas ingresan personas que huyen de la violencia, pero también pasan individuos que quieren escapar de la justicia. Sin vigilancia adecuada, los deportados podrían regresar sin obstáculos tras recuperar la libertad en su país.
Es indispensable reforzar el control en las zonas limítrofes. Esto incluye mayor presencia de autoridades, tecnología para el rastreo de movimientos y cooperación internacional para intercambiar información sobre antecedentes penales.
El principio de ciudadanía universal no puede seguir utilizándose como excusa para permitir ingresos sin verificación alguna. No se trata de cerrar las puertas al extranjero, sino de aplicar una política migratoria seria, responsable y controlada.
La protección del territorio nacional es responsabilidad del Gobierno.
