Cada 3,8 horas muere una persona en Ecuador por un accidente de tránsito. La cifra, revelada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), debería ser suficiente para que las autoridades intensifiquen acciones concretas de prevención, control y formación vial.
Es urgente asumir que el problema no se resolverá solo con campañas informativas o controles esporádicos.
Durante 2024 se registraron 2.302 fallecidos y más de 18.000 heridos en 21.220 siniestros. La conducción desatenta, el irrespeto a las normas y el exceso de velocidad representan el 59 % de las causas. En muchos casos, las muertes pudieron evitarse con una conducta más responsable o con una intervención oportuna de los organismos de control.
Junio y julio, junto con los fines de semana, concentran el mayor número de víctimas. Esta regularidad debería bastar para establecer controles más estrictos y sostenidos en esos períodos. La ANT ha identificado los patrones, pero falta una ejecución más agresiva y coordinada entre todos los niveles de Gobierno.
Es imprescindible fortalecer la educación vial desde las aulas, exigir procesos rigurosos para obtener licencias y aplicar sanciones reales. No se puede permitir que conducir siga siendo un riesgo social tolerado. La seguridad vial debe ser una política de Estado, con presupuesto, metas y responsabilidad compartida.