Las leyes de Inteligencia y de Solidaridad Nacional, ya vigentes en Ecuador, deben tener reglamentos precisos que eviten posibles excesos por parte del Estado.
Las preocupaciones expresadas por diversos sectores apuntan a que estas normativas, si no se reglamentan adecuadamente, pueden abrir la puerta a la vulneración de derechos fundamentales y constitucionales. El Gobierno ha dicho que no será así, pero para esto hay que definir hasta dónde se puede llegar.
En su aplicación, será clave que los reglamentos delimiten con claridad los procedimientos, alcances y restricciones de estas leyes. La discrecionalidad sin control puede llevar a abusos, como intervenciones injustificadas, vigilancia indebida o represión encubierta a personas que no tienen nada que ver con actividades delictivas.
El riesgo mayor es que herramientas legales, diseñadas para fortalecer la seguridad y el bienestar, se transformen en mecanismos de persecución política o social. La historia reciente, no solo en Ecuador, muestra que esto no es un temor infundado.
El reto del Ejecutivo y los órganos de control es garantizar que estas normas se ejecuten dentro del marco democrático, con respeto a los derechos ciudadanos. Transparencia, vigilancia institucional y límites claros son condiciones necesarias para evitar excesos y mantener el equilibrio entre seguridad y libertad.
