El país necesita un llamado urgente al respeto de la institucionalidad para evitar confrontaciones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Las diferencias deben resolverse dentro de los canales previstos en la ley, con diálogo y prudencia, para no agravar un escenario ya complejo.
El Ejecutivo debe actuar con paciencia mientras la Corte Constitucional analiza y resuelve las demandas de inconstitucionalidad presentadas, sin anticipar conclusiones ni asumir posturas que tensen la relación entre funciones del Estado.
La Corte, por su parte, debe reconocer que Ecuador atraviesa un momento difícil. La inseguridad, la crisis económica y las demandas sociales exigen un marco legal que otorgue herramientas efectivas al Gobierno para actuar con rapidez.
No se trata de ceder competencias ni de debilitar el control constitucional, sino de mantener un equilibrio que permita atender las urgencias nacionales sin vulnerar el orden jurídico.
La estabilidad institucional requiere respeto mutuo y disposición a encontrar consensos. La confrontación abierta entre poderes del Estado solo debilita la confianza ciudadana y retrasa las soluciones.
El diálogo entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, con apego a la ley y visión de país, es la vía para superar diferencias y avanzar hacia un escenario de gobernabilidad.
