El proceso de concentración de la riqueza, a partir de la precarización laboral, es una antigua fórmula mediante la cual unos pocos millonarios despojan del producto del trabajo a miles de personas.
Los bajos salarios, la poca o nula seguridad social, la desregulación de las condiciones de contratación, los despidos arbitrarios y las jubilaciones precarias están generalizados en el mundo entero, incluso en países cuyos gobiernos se identifican como progresistas. La receta de reducir los costos laborales para obtener mayores beneficios amenaza derechos y contribuye a una mayor desigualdad social y económica.
Sobran pruebas. Hace pocos días, la Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó su informe del Índice Global de Derechos, en el que Ecuador aparece como el tercer peor país de 151 evaluados en cuanto a derechos y seguridad laboral. Habrá quienes dirán que se trata de un informe sindicalista sesgado, pero seguro no podrán omitir que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, señaló que el país viola sistemática y permanentemente los derechos laborales.
A pesar de que la OIT instó al Gobierno a implementar reformas urgentes para garantizar los derechos de los trabajadores, la petulancia y el despotismo de Noboa son evidentes al aprobar y publicar la Ley de Integridad Pública, que reincide en la precarización de las condiciones de trabajo de empleados y trabajadores de las instituciones y empresas del Estado.
Esta ley incrementa el poder del Estado como empleador. Por ejemplo, los sumarios administrativos usados para despedir, antes, eran tramitados ante el Ministerio del Trabajo, pero ahora serán decididos y controlados por el mismo empleador, convirtiéndolo en juez y parte. Además, se eliminará la carrera administrativa; los contratos ocasionales, que antes eran una excepción, se convertirán en una regla; y los concursos de oposición y méritos serán reemplazados por un servicio público convertido en botín para pagar favores políticos.
Si Noboa asesta este duro golpe al sector de trabajadores más organizado, es previsible que impulse contrarreformas para desregular las relaciones laborales en el sector privado: insistirá en la contratación por horas, eliminará el salario básico y los décimos, reducirá el pago de indemnizaciones por despido, etc.
