Es inadmisible que apenas el 30 % de lo recaudado en la estación de peaje de la vía Portoviejo-Montecristi sea invertido en la carretera que le da sentido a ese cobro, mientras el 70 % restante se destina a gastos administrativos y otros del Gobierno Provincial.

Ese desequilibrio distorsiona por completo el propósito del peaje. El cobro no puede convertirse en una fuente para financiar a una institución, sino que debe estar claramente vinculado al servicio que lo origina: el mantenimiento y mejoras de la vía. Lo contrario significa desnaturalizar su función y trasladar una especie de impuesto a los usuarios.

Resulta llamativo que haya sido el ministro de Obras Públicas quien advirtiera sobre esta situación, al revertir, inicialmente, la competencia de la vía. Eso revela un vacío de fiscalización por parte de los consejeros provinciales, que son los alcaldes, a pesar de las reiteradas quejas ciudadanas por el mal estado de la carretera.

El Gobierno Provincial tiene la obligación de reestructurar su esquema de gestión del peaje. Al menos el 80 % de lo recaudado debe invertirse en la vía, destinando solo el 20 % a la administración. Así lo demandan las normas, la lógica, la transparencia y el respeto a los contribuyentes.