La mina “Cascabel” es una de las concentraciones polimetálicas más ricas del planeta (proyecto múltiple Top 10), de reconocida vida útil de 49 a 66 años.
Sus reservas están en Alpala, Imbabura, y poseen la siguiente riqueza reconocida: a) la concentración subterránea de plata más grande del planeta; b) la tercera concentración mundial de oro con 26 millones de onzas; c) el sexto depósito mundial de cobre con 10,9 millones de toneladas de cobre.
La información sobre esta mina de inmensa riqueza permaneció ocultada desde el año 2013, cuando la entregó para su exploración el régimen de Correa. El país se enteró de ella el 13 de junio del 2019, luego de la denuncia de su existencia por parte de técnicos excluidos del Ministerio de Energía y Minas en Geología y Minas, que obligaron a su titular, Carlos Pérez García, a reconocer en rueda de prensa esta riqueza desconocida. Le acompañó en la misma el presidente de la multinacional australiana favorecida, la Solgold, James Ward.
Diario El Universo, del viernes 2 de mayo del 2025, pág. 8, da cuenta de que Ecuador ha suscrito un acuerdo de arbitraje internacional con la Solgold “bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Londres”, según lo comunica la propia corporación australiana, donde se resalta la participación y aprobación formal del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI).
Se supone que el presidente debe estar muy bien informado para todas sus decisiones, porque cada una de ellas acarrea consecuencias jurídicas y políticas, más aún si entrañan el manejo de la riqueza nacional no renovable. Sería bueno conocer si sus asesores le recordaron que el art. 422 de la Constitución vigente establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.” ¿Le comunicaron y el presidente no les hizo caso? ¿No le interesa respetar las normas constitucionales? ¿Existen compromisos desconocidos?
El gobierno estaba empeñado en eliminar estas regulaciones constitucionales y por ello consultó al pueblo ecuatoriano modificar este art. 422 de la Constitución, y esa fue una de las preguntas de la consulta popular del 21 de abril del 2024. Y el pueblo ecuatoriano rechazó en forma terminante esta propuesta riesgosa.
¿La Asamblea Nacional que propone el presidente se orienta a despejar todo límite para entregar a las multinacionales el patrimonio social y nacional? ¿Estamos advertidos?
