La decisión de desbloquear las cuentas de ciudadanos censurados en redes sociales por la anterior Asamblea Nacional debe ser un punto de partida para consolidar el respeto a la participación ciudadana. El uso institucional de las redes sociales no puede estar al servicio de intereses particulares ni de filtros ideológicos.
Las cuentas oficiales de entidades públicas son medios de comunicación entre el Estado y la sociedad; no son propiedad de funcionarios ni están para protegerlos de la crítica. Utilizarlas para acallar opiniones disidentes vulnera principios democráticos esenciales, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El bloqueo de voces ciudadanas, más allá de lo simbólico, impide el ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos, lo cual es preocupante en un país que necesita diálogo y vigilancia activa de la población sobre lo que hacen sus representantes.
La ciudadanía tiene derecho a cuestionar, opinar y fiscalizar, y las instituciones tienen la obligación de garantizar esos espacios. Silenciar la crítica habla muy mal de los valores democráticos de quien lo hace.
Se debe insistir en que las prácticas de censura no se repitan. El respeto a la ciudadanía empieza por escucharla, incluso cuando incomoda.
