Es un decir. Más que una esperanza y mucho más que una aspiración, en ocasiones resulta una especie de cantaleta que repetimos con simulado orgullo, pues en realidad aparece también como arrogancia al desestimar el sentido real de lo que es autonomía.
Precipitadamente la esgrimimos para impresionar cuando reclamamos por el olvido, el desinterés y la despreocupación del gobierno central a las necesidades de los manabitas.
Me cupo el honor de aportar en algo a la redacción de la declaración autonómica de Manabí, como parte de la comisión especial propuesta por el Consejo Provincial que presidía, como prefecto, Humberto Guillem Murillo. El documento fue elevado a consulta popular, recibiendo el apoyo casi absoluto (91%) de la población provincial. Sin embargo, aquella cívica decisión fue truncada en el Congreso Nacional por intereses mezquinos de legisladores de otras provincias, que vieron en esa declaratoria amenazas a sus “modus vivendis” de dominio nacional, argumentándose, especialmente, incumplimiento de la extensión territorial requerida (20 mil km2) por la ley.
Desde ese histórico 17 de septiembre de 2000, la decisión soberana del pueblo manabita sigue constando en un papel que encierra las aspiraciones de progreso territorial. Y permanece así, sin cambio alguno, por desinterés propio. No se conoce de nuevo intento serio propuesto posteriormente a nivel de Asamblea Nacional, ni institucional ni particular. Hay síntomas que esporádica y ocasionalmente aparecen a reactivar el tema, a la espera que la vieja rebeldía despierte del decaimiento cívico que tanto daño está causando al desarrollo provincial.
Sin embargo, es razonable meditar sobre lo que necesitamos y lo que requerimos, para actuar. Hacer conciencia en las obligaciones y los deberes que impone un régimen autonómico; si estamos en capacidad de ejercerlo y cómo enfrentarlo. Porque autonomía es capacidad para gobernarse a sí mismo, tomar decisiones y actuar con independencia y alto grado de libertad y responsabilidad. Además implica auto sustentación económica. ¿La tenemos ahora?
En paralelo, se ha opinado que el camino a la autonomía lo inicia una efectiva desconcentración de funciones de sus organizaciones públicas, que empuje la descentralización de las mismas desde el gobierno central, con transferencias de poder y autoridad para la redistribución de recursos y responsabilidades. Así mejoraría la eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades provinciales.
Entonces, tender un camino, organizado y preparado, para pelear por una mejor distribución de los recursos, con una adecuada administración autonómica, sigue siendo nuestra consigna. De otra manera, la autonomía seguirá siendo un decir.
