La intervención del tránsito en Manta y Durán puede incomodar y hasta parecer que hay un retroceso en la descentralización, pero está justificada. Frente al avance de las bandas criminales, el Estado no puede ceder espacio. 

Aunque la competencia del tránsito corresponde a los municipios, es evidente que no cuentan con la preparación ni los recursos para enfrentar a las mafias que se han tomado esas dependencias, según los informes oficiales.

El tránsito urbano se ha convertido, en algunos casos, en una puerta de entrada para la corrupción y el control territorial de grupos delictivos. Por eso, devolver esta función al Ejecutivo, de forma temporal y focalizada, no es un capricho, sino una medida de seguridad.

Lo esencial es que estas intervenciones no se vuelvan permanentes ni generalizadas. Se deben aplicar solo donde haya evidencia clara de infiltración. Cuando se retome el control institucional, las competencias deben regresar a los GAD, que son los llamados a manejar la administración urbana.

También se debe actuar en cualquier otra entidad que, según informes de inteligencia, esté bajo influencia criminal. Esta lucha requiere decisiones firmes para recuperar el control del Estado en todos sus niveles.