La salud mental debe ocupar un lugar central en la agenda pública. La prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y adultos mayores, exige acciones firmes, coordinadas y sostenibles.
Las cifras de emergencias médicas muestran que el problema es creciente. En promedio, se atienden cada año entre 150 y 200 intentos de suicidio solamente en un hospital, lo que refleja una realidad que no puede seguir siendo invisible.
El primer nivel de atención necesita fortalecerse para identificar a tiempo las señales de riesgo. Los establecimientos educativos y los centros de salud deben implementar programas de prevención y orientación dirigidos a adolescentes y familias.
En los adultos mayores, la vulnerabilidad se vincula a factores como duelos, enfermedades crónicas y aislamiento social. La respuesta institucional debe integrar acompañamiento psicológico, atención médica oportuna y redes comunitarias de apoyo.
Es fundamental que el Estado priorice la salud mental como política pública y que la sociedad asuma un rol activo de cuidado. Proteger la vida implica brindar soporte emocional, espacios de diálogo y sistemas de ayuda inmediata.
La prevención del suicidio requiere voluntad política, inversión en programas comunitarios y, sobre todo, compromiso social.
