La decisión de la Conaie, tomada en su última asamblea en Riobamba, de una paralización indefinida marca un nuevo episodio de tensión en Ecuador.
Esta decisión responde a la inconsulta eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares y podría superar los 3,80 dólares en diciembre, según la proyección de bandas de precio anunciada por el Gobierno. La medida ha generado un creciente malestar en los sectores populares, campesinos y de transporte, que ven en este incremento un golpe directo a su ya precaria economía.
Preocupa sobremanera la narrativa del Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien, desde el fuerte militar de Latacunga, ha calificado la movilización indígena como una amenaza terrorista. Esta retórica recuerda momentos oscuros de la historia latinoamericana, donde el uso de las fuerzas armadas y policiales se impuso sobre el diálogo democrático. Además, estas declaraciones contribuyen a elevar el nivel de confrontación interna a un punto crítico. Amenazar con penas de hasta 30 años de prisión a los líderes sociales por ejercer su derecho constitucional a la protesta revela una peligrosa desviación del Estado de derecho.
En lo económico, la eliminación inconsulta del subsidio, contrariamente a lo que afirman sectores interesados, refleja una falta de sensibilidad social y una desconexión con la realidad de la mayoría de la población. Si bien podría ser cierto que el subsidio al diésel ha sido históricamente ineficiente y regresivo en términos fiscales, su retiro abrupto, sin haber fortalecido redes de protección social o generado alternativas económicas sostenibles, expone al país a un estallido de conflictividad con consecuencias impredecibles.
Frente a este panorama, lo saludable es que el Gobierno abandone su actitud beligerante, asuma su gestión como un verdadero estadista y abra canales de diálogo sinceros y transparentes con los movimientos sociales. Es imperativo derogar el decreto 126, que elimina el subsidio del diésel, y de inmediato diseñar una política de transición energética que incluya subsidios focalizados, incentivos a la producción sostenible y programas de compensación directa a los más vulnerables.
La represión de la protesta solo generará una espiral de violencia que no beneficia a nadie. La paz social no se construye desde los cuarteles, sino desde la escucha activa y el consenso. Ecuador necesita un liderazgo que gobierne con firmeza, sí, pero también con empatía y visión de país. Solo así se podrá evitar que esta paralización se convierta en otra herida abierta en la historia nacional.
