El reciente pulso entre el gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional (CC) por la aprobación de leyes urgentes —como las reformas de seguridad e inteligencia— revela un dilema fundamental en democracias amenazadas por la violencia.
¿Puede el Estado sacrificar garantías procesales para enfrentar crisis inmediatas sin erosionar el Estado de derecho?
El Ejecutivo argumenta que la revisión exhaustiva de normas como la Ley de Solidaridad o las reformas al sistema de inteligencia entorpece su lucha contra el crimen organizado. La CC, en cambio, defiende el rigor procedimental como barrera contra la arbitrariedad. Ambas posturas tienen sustento, pero el riesgo en Ecuador es que el conflicto se trivialice como una disputa entre “eficacia” y “garantismo”, cuando en realidad el problema es más profundo: “la falta de mecanismos ágiles para equilibrar urgencia y control”.
La tensión no es nueva. Países como “El Salvador” lograron reducir homicidios con medidas drásticas (como estados de excepción prolongados), pero a costa de denuncias por detenciones masivas sin debido proceso. En contraste, “México” demostró que la ausencia de contrapesos judiciales en su “guerra contra el narco” derivó en ejecuciones extrajudiciales y militarización descontrolada.
La CC ecuatoriana no es un muro infranqueable: en 2023, avaló el estado de excepción por violencia en Guayas, pero ahora cuestiona artículos de leyes similares. Esa aparente inconsistencia alimenta la crítica de que sus fallos obedecen a “cálculos políticos”, no técnicos. Sectores oficialistas la acusan de “obstruccionismo”, mientras el correísmo celebra sus sentencias como triunfos contra Noboa. Esta polarización es letal: si la ciudadanía percibe que la Corte es un actor más del juego partidista, perderá autoridad para frenar excesos del poder.
Para evitar ese desgaste, la CC debe reforzar tres aspectos:
- Transparencia activa: Explicar con lenguaje claro por qué objeta ciertos artículos —como hizo al señalar vacíos en la Ley de Extinción de Dominio—, evitando que sus resoluciones parezcan laberintos jurídicos.
- Predictibilidad: Si en el pasado validó herramientas excepcionales, no puede imponer nuevos límites sin justificación constitucional sólida.
- Diálogo institucional: La Corte no debe ser un “tapón” reactivo, sino un espacio de consulta previa.
El gobierno, por su parte, debe entender que si insiste en leyes mal diseñadas, alimentará la desconfianza de todos los ecuatorianos.
