Al margen de cualquier interés político, en mi calidad de ciudadano libre y abogado de la República, no puedo sustraerme a la obligación de expresar mi opinión en relación con la medida adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral en relación con la absurda, inconstitucional, ajurídica y antidemocrática adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral, en virtud de la cual resuelve menoscabar el derecho de representación a la asambleísta Priscila Schettini, electa en representación de la provincia de Pichincha. ¿Hasta cuándo tanto odio, tanta persecución e iracundia?
Este comportamiento es dañino a la democracia y a la convivencia pacífica de la nación. Ignoro si esta absurda medida ha sido patrocinada por la señora fiscal Diana Salazar, espero que no, porque esto dañaría su buena imagen y la bien ganada reputación. No se entiende cómo, para hacer daño a la señora Schettini, se desempolve un asunto (plagio de una tesis doctoral). Y no solo el menoscabo de sus derechos, sino que además, y como si aquello fuera poco, se le aplica una multa muy elevada, que ahonda el odio persecutorio a dicha ciudadana, que por su apellido estoy seguro que tiene raigambres manabitas. La familia Schettini ha gozado en Portoviejo de aprecio y respeto. Dudo de que ese organismo haya actuado con la debida imparcialidad. La resolución del TCE es desproporcionada y rebasa la competencia de ese organismo que, según ley, está obligado a garantizar el respeto a la voluntad popular.
¿Hasta cuándo en Ecuador seguiremos viviendo en este espectro de odios, retaliaciones, persecuciones sin sentido y de venganzas censurables? No cabe duda de que esta malhadada resolución del Tribunal Contencioso Electoral viola, en forma inexcusable, lo establecido en el artículo 61 de la Constitución, que consagra el derecho a elegir y ser elegidos. La señora Schettini fue electa indiscutiblemente por los votantes de la provincia de Pichincha, así lo proclamó el mismo TSE en su debido momento. ¿Por qué no la inhabilitaron al momento de presentar su candidatura? Vivimos en el país del absurdo, en el que los jueces, magistrados y demás autoridades optan por decisiones con dedicatoria, según sus conveniencias del momento. De igual manera, ahora buscan la promulgación de una nueva Constitución acorde con los intereses del gobierno de turno.
La ciudadana agraviada ha anunciado que acudirá a la instancia internacional, demandando al Estado ecuatoriano por esta grave infracción. Estoy seguro de que la Corte Interamericana resolverá en su favor; pero, lamentablemente, cuando salga la sentencia, ya no estarán en sus cargos los miembros del Contencioso Electoral, pero condenarán al Estado para que reivindique este agravio, golpeando sus escuálidas arcas.
Estas acciones insultan a la inteligencia de quienes oteamos la realidad, libre de prejuicios políticos.
