El proceso de cambio que ha iniciado el Gobierno, empezando por entidades del Ejecutivo y el IESS, es bienvenido, pero su fin debe ser mejorar el servicio a la ciudadanía, no en abrir espacio para cumplir compromisos políticos.
Al desvincular personal, se da a entender que tales puestos no son necesarios; por lo tanto, no deberían llenarse. Hacerlo sería desvirtuar este proceso y debilitar aún más la confianza ciudadana en las instituciones, sobre todo en el Gobierno.
La anunciada fusión de ministerios y entidades públicas puede ser una oportunidad para modernizar la función estatal, orientándola a reducir trámites, eliminar duplicidades y optimizar recursos. El objetivo debe ser una gestión más ágil, eficiente y cercana a la gente.
En ese proceso, el uso de tecnología y la implementación de controles claros son indispensables. Sin ellos, todo corre el riesgo de convertirse en un simple cambio de nombres, sin impacto real.
El país necesita una administración pública técnica, transparente y comprometida con el bien común. Cada transformación debe ir acompañada de auditorías y evaluación de resultados. Solo así se justificará el gasto y se fortalecerá la institucionalidad.
