Casi inadvertidamente se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 596 de fecha 11 de abril de este año que otorga facultades plenas al ministro de Agricultura para que intervenga en la comercialización de arroz y maíz, importantes gramíneas fundamentales para la satisfacción del requerimiento alimenticio de la población, con el que se pretende regular el mercado neutralizando la intervención nociva de intermediarios que impiden que los agricultores reciban el precio justo por sus cosechas.
La acción radica en que el Estado podrá adquirir directamente o a través de empresas privadas autorizadas y calificadas, entre las que figuran asociaciones de pequeños sembradores, y comprar arroz y maíz pagando el precio mínimo de sustentación, antes determinado por la misma cartera de Agricultura, en cantidades que integrarían la llamada reserva estratégica para asegurar su abastecimiento en situaciones climáticas desfavorables, como las que actualmente atraviesan algunas zonas del país.
Si bien es verdad el decreto señalado es suscrito por el presidente de la República, con toda seguridad su origen ha sido obra del ministro responsable del área, en este caso del ingeniero Danilo Palacios Márquez, gestor del instrumento regulatorio y, en la práctica, principal ejecutor, conociéndose que ya se ha seleccionado a las empresas que intervendrán al inicio del plan, entre las que se encuentra la Asociación de Productores Nueva Esperanza de Balzar, que hará de eje para la participación de otros gremios.
Destacamos este decreto como una real manifestación del régimen por corregir defectos del mercadeo agrícola, pues se determina un precio mínimo como piso y será el comportamiento del mercado que marque un techo, esto es aceptable, porque al adquirir una parte de la cosecha de manera directa a los campesinos, se racionaliza la oferta, se conserva el valor señalado para ellas y, de paso, se conforma un volumen empleado como reserva para casos de emergencias, que es en definitiva lo que siempre se dice de la seguridad alimentaria que los gobiernos reivindican.
Celebramos el hecho como una acción positiva que los agricultores deberían respaldar para darle sustentabilidad frente a posiciones contrarias que proclaman, en cambio, el libre mercado que para los productos del campo no funciona. Por lo tanto, es momento, ya pasaron las elecciones, para que los beneficiarios se organicen y aprovechen la decisión gubernamental, un buen paso de política agrícola que se ha venido reclamando.
