La violencia política de género es una herramienta necesaria frente a una historia real de exclusión femenina, pero hechos recientes muestran signos claros de distorsión.
El uso desmedido confunde la crítica legítima con agresión, debilitando el debate público. Cuando toda observación incómoda se convierte en denuncia, la figura deja de proteger derechos y comienza a afectar libertades básicas, como la libertad de expresión.
El país adoptó esta categoría para frenar prácticas comprobadas: amenazas, hostigamiento y expulsión simbólica de mujeres del espacio político. La Constitución y el Código de la Democracia recogen ese espíritu garantista. Sin embargo, en la práctica reciente, se han procesado opiniones duras dirigidas a figuras públicas, sin evidencia de motivación de género, solo por el tono crítico del mensaje. Incluso, se han dado denuncias de violencia política de género entre mujeres.
El problema no es la existencia de la norma, sino su aplicación expansiva. Funcionarios y autoridades electas están sometidos, por definición democrática, a un mayor escrutinio ciudadano. Convertir la crítica política en violencia desnaturaliza el concepto y trivializa los casos graves.
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