La sentencia de cuarenta años contra nueve reclusos responsables de una masacre en la Penitenciaría del Litoral es un acto de justicia; sin embargo, no basta con castigar a quienes ejecutaron los crímenes.
Es imprescindible que el Estado, con la misma firmeza de la Fiscalía, investigue cómo entraron las armas y explosivos a un recinto que debería estar bajo su control. Sin esa respuesta, toda condena será un paliativo, pues el problema seguirá.
Lamentablemente, pese a los esfuerzos, las cárceles siguien convertidas en cuarteles del crimen. La militarización y los operativos han demostrado poca eficiencia: cada requisa revela que las armas y las drogas siguen ingresando. El problema, entonces, no está solo en los pabellones, sino también en los accesos y los alrededores.
La violencia carcelaria no se resolverá con castigos que llegan cuando los hechos están consumados. Se necesitan auditorías, controles reales y sanciones ejemplares contra quienes permiten este tráfico, no solo contra quienes cometen los crímenes. Se requiere un plan de prevención que arranque con la identificación de los puntos débiles del sistema para tomar medidas de intervención.
