El país no puede permitirse más tiempo de paralización y desencuentros. El prolongado paro indígena en varias provincias de Ecuador, que hoy cumple un mes, exige voluntad política real, antes que discursos y acusaciones mutuas.
El tiempo transcurrido sin acuerdos concretos demuestra la falta de flexibilidad de las partes, mientras las consecuencias se extienden más allá de las zonas afectadas. La economía local se contrae, los servicios se desvían y el tejido social se resiente ante la incertidumbre.
El Gobierno y los dirigentes indígenas tienen la responsabilidad de retomar el diálogo con sentido de país. Las acusaciones mutuas no sustituyen la negociación ni la búsqueda de soluciones sostenibles. Las diferencias ideológicas o territoriales no deben ser obstáculo para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los ecuatorianos. El diálogo es una obligación democrática para encontrar puntos de acuerdo en el conflicto.
Cada día de paro es una oportunidad perdida para demostrar madurez política y compromiso social, pero también es un día de pérdidas económicas, de vías cerradas, de negocios afectados. Ecuador necesita que sus dirigentes prioricen el bien común sobre la confrontación. Es momento de ceder, de escuchar y de actuar.
