Reivindicar en estos tiempos la seguridad para Ecuador es una necesidad vital para la ciudadanía, más allá de las legítimas expresiones ideológicas dentro del amplio espectro político que aún se expresa en el tejido de la sociedad civil.
Por lo tanto, esta aspiración debe ser prioritaria tanto para la izquierda como para la derecha.
El anhelo de seguridad como necesidad ciudadana no ha podido ser sintonizado por la izquierda conservadora de Ecuador, que ha incidido en las direcciones de algunas organizaciones sociales donde actúan, fracasando estrepitosamente con la declaración de un paro nacional que nunca se dio, devaluando una de las expresiones mayores de la lucha social.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa Azín tampoco ha tenido capacidad de diálogo y concertación con los líderes del movimiento campesino e indígena. Más aún cuando a uno de los dirigentes de la Conaie y de la Fenocin lo asesinaron cobardemente. A ellos no se los puede acusar de correístas y menos de terroristas. Pero sí dialogó exitosamente con los empresarios de la transportación.
No es tarde para dialogar. Este largo feriado debe llamarnos a la reflexión, para evaluar los resultados del mal llamado paro nacional. Sobre todo, hay que considerar la inédita reacción ciudadana con plantones en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Azuay, donde lo rechazaron, repudiando el vandalismo y la violencia que acentúan la inseguridad y afectan la economía popular.
Indiscutiblemente, Ecuador vive su peor crisis de seguridad. Mantener los subsidios es favorecer a las bandas criminales organizadas, que seguirán infiltradas en las organizaciones sociales, dividiéndolas para instrumentalizarlas a favor de la violencia y el vandalismo, sembrando terror y muerte. Lamentablemente, el plan Fénix del actual Gobierno está fracasando.
Mientras tanto, ¿qué pasa en Manabí? Nada. No por falta de liderazgos, sino porque las reivindicaciones de los indígenas no nos identifican ni nos convocan. Es hora de un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis de seguridad como política de Estado.
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