El plan que impulsa el Registro Civil para regularizar la emisión de pasaportes es una medida positiva, aunque llega como respuesta tardía a un problema que afectó a miles de ciudadanos. La falta de especies generó un rezago inadmisible en un servicio esencial; por ello, la recuperación de la normalidad no debe considerarse un logro extraordinario, sino el cumplimiento de una obligación estatal básica hacia la ciudadanía.

La emisión del pasaporte no solo permite viajar, sino también realizar trámites y ejercer derechos vinculados con la identidad. Por ello, resulta alentador que la institución haya retomado la entrega del documento, pero el desafío ahora es garantizar que el abastecimiento sea constante y que los retrasos no se repitan. La planificación logística y la provisión oportuna de especies deben convertirse en políticas permanentes y no en medidas de emergencia.

El caso también revela una carencia estructural: la excesiva centralización de los servicios públicos. En provincias como Manabí, los usuarios aún deben esperar más de una semana para recibir su documento. Habilitar un punto de emisión local es una necesidad urgente que haría más eficiente y equitativo el acceso.