El reciente aumento del precio del diésel, de $1,80 a $2,80 por galón, ha sido presentado por el Gobierno de Daniel Noboa como parte de una política para eliminar subsidios.
Sin embargo, desde fuentes internas de Petroecuador, se señala que en realidad no existía tal subsidio. Lo que ha ocurrido es un reajuste del precio, alineándolo con los costos del mercado internacional. Con lo cual, según consumidores que asisten a los mercados populares, los precios de los productos de consumo masivo y que forman parte de la canasta familiar se han incrementado.
Hablar de “eliminación de subsidios” al diésel, no es correcto según expertos, ya que esto sugiere que el Estado asume una parte significativa del precio, para abaratar el costo de comercialización del producto y permitir el acceso a los sectores vulnerables. Si bien, en los tres últimos años la balanza comercial de combustibles reflejaba déficit, es por la diferencia entre importaciones y exportaciones. Se crea un déficit, cuando las importaciones superan a las exportaciones y superávit, cuando las exportaciones superan a las importaciones, pero evidentemente, en la balanza citada, entran todos los derivados.
Un informe estadístico de Petroecuador del 2019 al 2024, la balanza de la producción y comercialización de combustibles, se observa que, en 2019 se obtuvo un superávit, de 152,52 millones de dólares, en 2020, también superávit de 280,27 millones, en 2021, superávit de 683,59 millones en 2022, déficit de 752,53 millones, en 2023, el déficit fue de 271,86 millones y el 2024, el déficit apenas fue de 113,53 millones de dólares. Por tanto, la narrativa del ex vicepresidente de la república Alberto Dahik, al parecer no tendría asidero, cuando sostiene que el Ecuador desde 2010 hasta 2023 ha gastado en entrega de subsidio la astronómica cantidad de 54 mil millones de dólares. Hay que aclarar que esta balanza mide también otros derivados y no sólo al diésel.
Por tanto, es evidente, que se utilizó una narrativa escandalosa, para crear las condiciones y proceder al incremento del combustible en más del 55%, por tanto, responde más a una política de alineamiento fiscal que a la eliminación de un supuesto beneficio económico, llamado subsidio.
Las consecuencias en el mercado no se han hecho esperar. Al ser el diésel un insumo clave para el transporte y la producción, su encarecimiento afecta directamente los precios de bienes y servicios, Esto acelerará la inflación más en una economía dolarizada y golpea con mayor fuerza a los sectores populares.
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