El derecho a la libertad de opinión y de transmisión de los pensamientos es una de las bases de la civilización y de la democracia.
En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional de Francia el 26 de agosto de 1789, en su artículo 11 se establece: “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre; así pues, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de que responda de los abusos de esa libertad en los casos determinados por la ley”.
El artículo 15 de esta misma declaración proclama: “Toda sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo funcionario público”. El artículo 16 advierte: “La sociedad que no tiene asegurada la garantía de sus derechos, ni tiene determinada la separación de sus poderes, carece de Constitución”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con la presencia de Ecuador como país signatario, proclama en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Recordemos que durante el gobierno de Correa se forzó el cierre del diario Hoy y del suplemento Blanco y Negro, para lo cual se acosó a sus anunciantes hasta asfixiarlos. Antes se silenció a la revista Vanguardia para evitar retaliaciones judiciales. A la familia Mantilla se la acosó para que sus medios pasaran a manos del fantasma González.
Tengamos presente la demanda para llevarse El Universo con la instrumentalización de la justicia (asaltada mediante el escandaloso fraude electoral del 7 de mayo de 2011), cuando se pidió una indemnización de ochenta millones de dólares por un artículo certero del columnista Emilio Palacio, quien abandonó Ecuador para precautelar su integridad y la de su familia. La gente no debe olvidar el cobro de 92.000 dólares a un célebre caricaturista de este medio por el supuesto delito de llenar de regocijo a toda la República.
Ahora no podemos callar frente al acoso del poder autoritario de turno (lleno de correístas) contra el diario Expreso de Guayaquil y algunos de sus periodistas, por decir la verdad sin afeites y no dejarse intimidar. Es histórico el editorial de Jorge Vivanco, que dio origen al juicio político, la sentencia de Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema, y la huida del país de Alberto Dahik, vicepresidente de la República, en 1995.
