La salud visual suele quedar relegada frente a otros problemas médicos más visibles, pero en la práctica afecta de manera silenciosa y progresiva a miles de personas en el país.
En Manabí, diversos estudios han señalado que los casos de problemas visuales en niños y adolescentes aumentan con rapidez y que una de las principales causas puede estar vinculada al uso cada vez más frecuente e indiscriminado de pantallas móviles en el hogar y en la escuela.
Los médicos coinciden en que la discapacidad visual es difícil de evaluar porque no presenta parámetros físicos claros como ocurre con la discapacidad motriz, y muchas veces los padres no detectan a tiempo los síntomas en sus hijos, lo que retrasa la búsqueda de ayuda profesional y agrava los riesgos de pérdida parcial o total de la visión.
En este escenario, se vuelve urgente establecer programas de prevención sólidos que no dependan únicamente de la buena voluntad de organizaciones privadas que actúan con recursos limitados, sino de un compromiso real del Estado que incluya campañas periódicas en escuelas y colegios, con evaluaciones gratuitas que permitan identificar los problemas visuales en etapas tempranas cuando todavía existe la posibilidad de corregirlos.
Los niños y adolescentes pasan cada vez más horas frente a las pantallas y, aunque los dispositivos ofrecen herramientas de aprendizaje y entretenimiento, su uso sin controles adecuados provoca fatiga ocular, sequedad, visión borrosa y en muchos casos acelera la aparición de miopía, lo que se traduce en una carga futura para las familias y para el sistema de salud que deberá atender problemas que pudieron haberse evitado con medidas preventivas sencillas.
El Estado tiene la obligación ética y legal de proteger el derecho a la salud de la niñez, y ello incluye la visión, que es una herramienta indispensable para el aprendizaje y el desarrollo integral. No basta con campañas ocasionales ni con la entrega esporádica de gafas correctivas, sino que se requieren políticas permanentes, presupuestos claros y una coordinación interinstitucional que involucre a ministerios de salud y educación junto con las municipalidades.
Prevenir los problemas visuales en la infancia significa garantizar mejores oportunidades educativas, reducir el abandono escolar, disminuir las desigualdades y ofrecer a los jóvenes un futuro en el que su potencial no se vea limitado por una condición que pudo ser evitada.
