El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la dirigencia indígena es una señal alentadora para el país. Luego de veinticuatro días de paralización, Ecuador retoma la normalidad y abre un espacio para el diálogo.
Este paso demuestra que la vía del entendimiento puede reemplazar a la confrontación, siempre y cuando exista voluntad política y respeto mutuo.
Durante las últimas semanas, la paralización afectó gravemente a provincias como Imbabura, donde la población sufrió desabastecimiento y pérdidas económicas. El acuerdo, sin embargo, no debe verse como un punto final, sino como el inicio de un proceso que exige vigilancia. Los dirigentes han advertido que permanecerán atentos a que las promesas gubernamentales se concreten, lo cual es un derecho legítimo en un Estado democrático.
El contexto obliga a ambas partes a sostener canales permanentes de diálogo. La experiencia reciente ha mostrado que los conflictos sociales, si no se atienden a tiempo, derivan en tensiones que perjudican a todos.
El Gobierno, en lugar de endurecer posiciones, debe fortalecer los mecanismos de concertación y garantizar la participación real de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan.
