Analizando la historia, uno aprende que existe una metodología opresiva de las minorías privilegiadas para controlar, silenciar e inmovilizar por la fuerza a una sociedad.
Estos estamentos minoritarios asaltan el poder y lo usan en forma implacable como fuente de enriquecimiento y de consagración permanente de sus privilegios, los cuales son precautelados con las instituciones de seguridad formadas en el apoliticismo y la subordinación a dichas minorías.
Para preservar la dominación social, organizan y perfeccionan durante generaciones un sistema jurídico que precautele un ordenamiento legal injusto, opresivo y depredador de la riqueza del pueblo, así como les brinde impunidad absoluta ante sus abusos y peculados constantes. Para ello controlan las funciones del Estado, con especial énfasis en la función legislativa —la fábrica de las leyes— y en la administración de justicia o trapiche social en contra de los más desfavorecidos.
Todo régimen autoritario, es preciso recordar, basa su poder en el incremento de la represión y en el miedo creciente con el que abruma a la población. El jefe de la Gestapo durante el nazismo, Heinrich Himmler, lo expresaba del siguiente modo: “La mejor arma política es el terror. La crueldad impone respeto. Los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño. Solo queremos su odio y que nos obedezcan con absoluta sumisión y sin chistar, acorralados por un pánico irresistible”.
Viene a propósito esta relación porque apreciamos que, en nuestro país, el Gobierno está utilizando, en forma programada, mecanismos de represión no legal. Por ejemplo, antes no se había escuchado que se cierren cuentas bancarias, como denuncian los miembros del Cabildo del Agua, en Azuay, luego de la enorme movilización, con más de cien mil personas, del 16 de septiembre en Cuenca. Esta misma medida denuncian varios dirigentes del movimiento indígena y campesino de distintas provincias, sobre todo de Imbabura y Cotopaxi. Como nadie reclama, mañana utilizarán estos métodos contra cualquier ciudadano, empresario o comunicador que no agrade al Gobierno.
¿Por qué no adoptan estas medidas contra un exlegislador de ADN que, con millones de dólares de origen misterioso, está comprando medios de comunicación en redes y señal abierta? ¿No se les ha ocurrido hacer lo mismo con los ministros que autorizaron el egreso de USD 158 millones para comprar termoeléctricas que no generan un solo megavatio? ¿Por qué en ciertos cantones de Imbabura cortaron la energía eléctrica y los servicios electrónicos de comunicación? ¿Con qué base legal? ¿Las comunicaciones, con la venia oficial, no son muy fluidas desde las cárceles?
