Cada cierto tiempo, Ecuador vuelve a tropezar con la misma piedra: las paralizaciones que bloquean carreteras, interrumpen el comercio y afectan a miles de personas que nada tienen que ver con las protestas.
El derecho a manifestarse es legítimo, pero no puede ejercerse a costa de los derechos de los demás. Y mucho menos puede dejar a regiones enteras, como Manabí, al borde del desabastecimiento.
Esta provincia no ha plegado al paro nacional. Sus ciudadanos quieren trabajar, producir, mover la economía. Pero, mientras tanto, los camiones cargados de víveres, medicinas o combustibles se quedan varados en las vías cerradas por grupos que, en nombre de una causa política o gremial, paralizan el país. Lo que empieza como una protesta termina siendo un acto de sabotaje para quienes viven del comercio o de la agricultura y no pueden sacar ni una caja de su producción.
El Gobierno tiene la obligación de garantizar la libre circulación. No se trata de reprimir, sino de asegurar que las carreteras —que son bienes públicos— no se conviertan en trincheras de nadie. Cuando se bloquea una vía, no se está desafiando al poder; se está afectando a las familias, a los hospitales, al pequeño empresario que necesita vender para sobrevivir. El impacto no se mide solo en pérdidas económicas, sino en el ánimo de la gente, en la sensación de que el Estado se ausenta cuando más se lo necesita.
Manabí ha demostrado que es posible disentir sin destruir, que el progreso depende del trabajo, no del bloqueo. Pero ese esfuerzo necesita respaldo. De nada sirve que una provincia mantenga la calma si las carreteras nacionales permanecen cerradas y el transporte se detiene en otras regiones. El Gobierno debe anticiparse, no reaccionar cuando ya hay desabastecimiento, sino actuar desde el primer indicio de cierre. El control de las vías no es un favor del Estado, es su deber.
Los ciudadanos que cumplen la ley no deben pagar las consecuencias de quienes la infringen. No se puede permitir que un país se paralice por la fuerza de unos pocos, mientras la mayoría se esfuerza por salir adelante. Las carreteras son arterias de la nación; si se tapan, el país enferma. Y cuando el país enferma, los más afectados son los que menos tienen.
Ecuador necesita orden, pero un orden que venga del respeto, no del miedo. Las protestas pueden coexistir con la libertad de tránsito si hay autoridad, si hay firmeza y si el Estado asume su papel con responsabilidad. Porque mientras el Gobierno mira, las provincias que no paran sufren igual las consecuencias del paro.
