Como alguien que ha vivido y observado de cerca las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad, puedo afirmar que la falta de espacios accesibles sigue siendo una de las principales barreras para la inclusión real.

No se trata solo de poner una rampa en la entrada de un edificio; hablamos de crear entornos que permitan a cualquier persona moverse, interactuar y disfrutar sin sentirse limitada. La accesibilidad es un derecho, no un favor.

La accesibilidad no solo mejora la calidad de vida de quienes tienen alguna limitación física, sensorial o intelectual, también beneficia a toda la sociedad. Un espacio adaptado es más cómodo para adultos mayores, para madres con coches de bebé, para personas con lesiones temporales. En otras palabras, la accesibilidad es sinónimo de universalidad.

Además, hay un aspecto que pocas veces se menciona: el impacto económico positivo. Ciudades accesibles atraen turismo inclusivo, generan empleo y reducen costos a largo plazo. Adaptar un edificio desde el diseño inicial cuesta menos que reformarlo después. Y si pensamos en productividad, cada persona que puede trabajar gracias a un entorno accesible deja de depender de subsidios y aporta al desarrollo económico.

Hay países que han entendido esta necesidad y lo han convertido en política pública. Suecia, por ejemplo, integra transporte público accesible y parques deportivos adaptados. Canadá promueve instalaciones deportivas inclusivas en sus comunidades. España ha transformado playas en espacios accesibles con sillas anfibias y pasarelas, fomentando el turismo inclusivo. Y Estados Unidos, con su Ley ADA, ha marcado un antes y un después en la accesibilidad universal.

Estos casos demuestran que la inclusión no es una utopía, es una decisión. Cuando se invierte en accesibilidad, se invierte en igualdad, en salud, en economía y en dignidad. Ecuador está trabajando en el tema, pero aún falta mucho por hacer especialmente en los cantones menos desarrollados, pero la necesidad está en todas partes.

No podemos seguir viendo la accesibilidad como un gasto extra. Es una inversión en justicia social y en desarrollo sostenible. Cada rampa, cada señal táctil, cada tecnología implementada es un puente hacia una sociedad más justa. Y lo más importante: no se trata solo de cumplir leyes, se trata de reconocer que todos tenemos derecho a participar plenamente en la vida social, cultural y deportiva.

@AndreaLimongiS