La propuesta del ministro de Trabajo, Harold Burbano, que se debatirá en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, para permitir que las cuarenta horas semanales se distribuyan entre cuatro o seis días, según acuerdo entre empleadores y trabajadores, ha encendido la discusión sobre el futuro del empleo en Ecuador. Bajo la figura de la jornada irregular, los trabajadores podrían cumplir jornadas de hasta diez horas diarias durante cuatro días, o jornadas más cortas o más largas en seis días, lo que, en apariencia, se mantendría dentro del tope legal.
Desde la perspectiva laboral, este esquema podría ofrecer cierto grado de flexibilidad para el empresariado y, al mismo tiempo, beneficiar a personas con responsabilidades familiares y a jóvenes que buscan incorporarse al empleo formal. Ello, siempre que exista la posibilidad de adaptar horarios sin reducción salarial y sin extender de manera obligatoria la semana laboral a seis días o hasta los sábados, en beneficio exclusivo del empresariado, que podría evitar el pago de horas extras dobles en esos días.
La flexibilidad laboral no es un tema nuevo ni una creación del actual Gobierno ni del ministro de Trabajo. La flexibilización ha estado siempre en la agenda proempresarial e incluso fue planteada en consultas populares, como cuando se propuso el trabajo por horas, iniciativa que la ciudadanía rechazó de manera contundente. Expertos y trabajadores ven con preocupación que este tema se discuta en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y que pueda aprobarse y entrar en vigencia mediante decreto ejecutivo, lo cual podría entrar en contradicción con la Constitución de la República.
Las organizaciones sindicales han expresado su inquietud ante la posibilidad de que la distribución de la jornada se extienda sin garantías suficientes y derive en una intensificación del trabajo, mayor fatiga y una regresión de derechos si no existe una supervisión efectiva. Insisten en que el diálogo tripartito y los mecanismos de control formen parte estructural del diseño, para evitar que la flexibilidad se convierta en precarización.
El empresariado, por su parte, reconoce que los modelos flexibles pueden mejorar la competitividad y adaptarse a distintos ciclos productivos, siempre que los acuerdos sean voluntarios y transparentes. Muchos señalan que la clave está en la capacidad de negociación y en el monitoreo permanente de los resultados.
Se sostiene que este debate podría representar una oportunidad para el mercado laboral y que, bien implementado, podría promover trabajo digno. Sin embargo, ante la ausencia de garantías claras, existe el riesgo de profundizar la informalidad, la precarización laboral y las desigualdades sociales. Se estima que el desenlace dependerá de las negociaciones entre empresarios y trabajadores, aunque, según los entendidos, en este tipo de procesos el trabajador suele llevar la de perder: se adapta o se va.
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