Los inmuebles patrimoniales abandonados dejan de ser símbolos de identidad y pasan a convertirse en focos de peligro urbano.
La declaración de un edificio como patrimonial debe ir acompañada de un plan de recuperación, pues la protección formal, sin planes técnicos ni financiamiento, acelera el deterioro estructural, expone a vecinos y castiga al propietario, que queda atado a un bien inutilizable.
Muchos de estos edificios tienen estructuras mixtas, altamente combustibles y frágiles. El abandono incrementa el riesgo de incendios y colapsos, como ya ha ocurrido en varias ciudades del país. El terremoto demostró la alta fragilidad de estos lugares.
Mantenerlos sin intervención no solo borra la historia que se pretende rescatar; también pone en juego vidas humanas.
Existe además un perjuicio económico evidente. Al propietario se le imponen restricciones severas de uso, sin compensación ni apoyo. El resultado es predecible: pérdida patrimonial privada y cero beneficio público. Sin incentivos ni corresponsabilidad estatal, la declaratoria se vuelve una sanción encubierta.
El debate no es si preservar o no, sino cómo hacerlo. La declaratoria debe ir unida a planes claros, acuerdos con los dueños y fondos asegurados.
