Los hospitales del Ministerio de Salud Pública requieren una intervención urgente y una supervisión permanente que garantice atención digna y oportuna a la población más vulnerable.
Los anuncios oficiales no solucionan los problemas si en la práctica faltan medicinas, servicios básicos y condiciones mínimas de funcionamiento.
Resulta inadmisible que en Manabí existan casas de salud donde los pacientes no reciben fármacos esenciales o donde se suspenden labores de limpieza por falta de recursos. Estas carencias no son hechos aislados, sino señales de una gestión deficiente que afecta directamente la calidad del servicio y pone en riesgo la salud pública.
La mayoría de usuarios del sistema público no cuenta con empleo formal ni acceso a la seguridad social, que también enfrenta limitaciones. Para ellos, el hospital estatal es la única opción posible. Cuando este falla, se profundiza la desigualdad y se vulnera un derecho constitucional básico, el del acceso a la salud.
La salud pública requiere control, inversión eficiente y decisiones permanentes dirigidas a no desabastecer a la población de tan elemental servicio. El Estado, que es el responsable de su funcionamiento, es el que debe implementar las políticas adecuadas para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público de salud.
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