El escenario en el que Daniel Noboa pierda la consulta popular que busca convocar una Asamblea Constituyente, y por lo tanto no logre instalarla, tendría consecuencias directas y muy negativas para su gobernabilidad.

Este resultado se interpretaría como una derrota política contundente para el Ejecutivo, con posibles impactos como el desgaste y pérdida de capital político (erosión del mandato), puesto que el llamado a una Constituyente es una de las grandes promesas de su administración. Perder en las urnas implicaría un rechazo a su propuesta de rediseño del Estado, minando la legitimidad de su gobierno más allá del voto presidencial.

El debilitamiento de la imagen presidencial sería inevitable, más aún habiendo desafiado a la Corte Constitucional en el proceso de convocatoria. Un “no” popular a su principal propuesta lo haría aparecer políticamente debilitado y con menor capacidad de convocatoria, lo que dificultaría la implementación de futuras políticas.

En la Asamblea Nacional, la derrota daría munición a la oposición (incluido el correísmo) para argumentar que el Presidente no tiene el respaldo popular para sus proyectos. Esto podría reconfigurar la mayoría y recrudecer la tensión con el Legislativo, haciendo más difícil la aprobación de leyes clave —económicas, de seguridad, entre otras—.

La frustración con la gestión, sumada al rechazo a su propuesta constitucional, podría alimentar el descontento social y las protestas (como las relacionadas con el alza del diésel o la crisis de salud y seguridad), debilitando aún más la estabilidad del Gobierno.

Al no haber Constituyente, Noboa quedaría atado a los procedimientos de reforma de la actual Constitución. Esto significaría que sus ambiciosas reformas estructurales —como la posible eliminación de organismos, la reforma del sistema de justicia o la liberalización económica— tendrían que pasar por el filtro de la Asamblea o por mecanismos de enmienda o reforma más complejos y lentos, donde la oposición tiene mayor capacidad de bloqueo.

Sin la distracción o la esperanza de una nueva Constitución, el Gobierno de Noboa se vería obligado a centrar su atención y recursos exclusivamente en la gestión de las crisis de salud, económica y de inseguridad. Si la estrategia de mano dura no arroja resultados significativos, la derrota en la consulta amplificaría las críticas sobre su gestión en materia de seguridad, así como las relacionadas con el déficit fiscal y la salud.

En resumen, la pérdida de la consulta y la no instalación de la Constituyente dejarían a Daniel Noboa en una condición de gobernabilidad precaria e inestable, caracterizada por un alto grado de fricción institucional, una oposición envalentonada y la obligación de gestionar crisis sin la herramienta política más ambiciosa que había buscado.

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