Es necesario que haya una revisión urgente de los protocolos de detención en Ecuador para evitar fallas que deriven en liberaciones cuestionables y se afecte la credibilidad de la Policía, la Fiscalía y los jueces.
Cuando el Estado priva de libertad a una persona, debe hacerlo con procedimientos sólidos, claros y ajustados a la ley, sin improvisaciones ni vacíos.
Las recientes declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, tras la liberación de un detenido evidencian que los errores formales siguen debilitando la acción policial. Un procedimiento mal ejecutado, desde la aprehensión hasta la puesta a órdenes judiciales, basta para que un juez disponga la libertad. Eso no implica impunidad deliberada, sino fallas técnicas que el sistema no puede seguir tolerando.
La Policía, la Fiscalía y los jueces tienen responsabilidades diferenciadas pero complementarias. La falta de sustento fiscal o una detención defectuosa no solo libera a sospechosos, también expone al Estado a reclamos legítimos.
La corrupción y las amenazas son otra cosa y exigen procedimientos más cuidadosos, pues de por medio están intereses que incluyen la vida de las personas.
Revisar y actualizar los protocolos no significa endurecerlos arbitrariamente, sino garantizar su correcta aplicación.
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