Desde que percibiera las intenciones de borrar del mapa del tránsito aéreo internacional a la capital manabita, mi pronunciamiento fue contrario a esa idea por ser tirada de los cabellos, pues no concebía que uno de los recursos más ansiados de los pueblos para su desarrollo, como es un aeropuerto, fuera a desaparecer por sueños de grandeza y otritas cosas de ciertos funcionarios.
Frecuentes pronunciamientos posteriores sobre el particular valieron para que el calificativo de “atrasa pueblo”, mañosamente sea endosado a quienes intentamos parar tal desaguisado.
Lamentablemente, enquistados en el poder y a espaldas de la población apuraron la ejecución de lo que ha significado uno de los más graves atentados contra Portoviejo: el cierre y posterior destrucción del icónico, histórico, seguro y por décadas servicial aeropuerto Reales Tamarindos. Increíblemente, el principal incitador fue el mismo concejo cantonal, teniendo como edecanes al Consejo Provincial de Manabí y al Gobierno central, que facilitaron que un bien público, inalienable, sea proclive de comercialización privada. Se unieron intereses y lograron de un gobierno, soberbio y mitómano, la malvada desaparición del aeropuerto, con un pronunciamiento cuya legalidad aún está en discusión.
Concretado aquello, se apuró la desmembración del terreno y la inhabilitación de su pista de más de dos kilómetros, recientemente extendida y mejorada por el propio Estado a través de la Dirección de Aviación Civil (DAC), reconociendo su importancia. Muchos protestamos, pero muchísimos, también en desacuerdo, callaron. Y eso pesó más que los aplausos de los ilusionados.
Hubo resignación, a la espera que el futuro señale a quién tuvo la razón. Sin embargo, hay voces que continuaron altivamente con su rechazo. Es el caso de la activista social Fresia Villacreses, quien con espíritu rebelde manabita siguió con su protesta ya en el plano legal. Y no le ha ido bien. Actualmente es víctima de una arremetida de quienes se sienten afectados por su altivez defensora de su ciudad. Sancionada con un año de prisión por un discutido desliz jurídico, ha logrado que una jueza pida a la municipalidad los documentos probatorios de su legal intervención en el aeropuerto.
Personalmente, este caso lo veo como un nuevo encuentro entre lo legal y lo justo. Si bien el magistrado debe cumplir con las leyes y normativas establecidas, obligado está también a impartir justicia buscando la equidad y el trato correcto observando los valores morales, éticos y cívicos del acusado, que en Fresia sobresalen. Por tal razón, desde esta columna comedidamente se solicita a los jueces correspondientes que, en aplicación formal de la ley y de la honesta justicia, la sentencia que la condena sea revisada.
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