El país no necesita más paros, sino más trabajo. La reciente paralización indígena, que duró un mes, demostró que las medidas de hecho terminan afectando a los mismos sectores que dicen defender.
La economía se paralizó, el transporte se interrumpió y miles de familias perdieron ingresos esenciales. Ninguna causa social justifica el bloqueo prolongado de carreteras ni la vulneración del derecho al libre tránsito.
El derecho a la resistencia está garantizado por la Constitución, pero su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales de los demás. Cuando una protesta impide el acceso a alimentos, salud o educación, pierde legitimidad. El reclamo social no puede ser excusa para violentar el orden democrático ni convertir la inconformidad en caos.
El Estado, por su parte, no debe ser sordo ante la protesta. Tiene la obligación de dialogar con oportunidad y prevenir los conflictos antes de que estallen. Sin embargo, el diálogo exige responsabilidad de ambas partes y un rechazo común a la violencia.
Los paros destruyen la confianza, esencial para mantener la democracia, y el desarrollo. Ecuador debe elegir el camino del trabajo y la concertación, no el del bloqueo y la pérdida. Pero si hay conflictos, hay que dialogar.
