La interrupción de la señal de telefonía celular en las cárceles debe aplicarse con precisión tecnológica para evitar afectaciones a la población que vive y trabaja en sus alrededores. No sería justo que ciudadanos ajenos al sistema penitenciario sufrieran la suspensión de un servicio esencial debido a medidas de seguridad mal implementadas.
Estos centros de privación de libertad suelen estar ubicados en zonas pobladas, donde operan viviendas y comercios que dependen de la conectividad. Un bloqueo generalizado podría perjudicar actividades económicas y emergencias.
Más allá del control del uso de redes en las cárceles, la prioridad debe ser impedir el ingreso de dispositivos electrónicos a estos lugares. Sin teléfonos ni acceso a internet, los reos perderían la capacidad de coordinar delitos desde el interior, como extorsiones o atentados, y tampoco podrían difundir imágenes de actos violentos.
El problema central no es la señal, sino la facilidad con la que los internos obtienen equipos prohibidos. Un control más riguroso en los accesos, sumado al uso de tecnología para limitar la conectividad solo dentro de las cárceles, permitiría reducir la delincuencia sin afectar a la sociedad.
